La reforma energética que el Gobierno ha comenzado a legislar desde el último trimestre del año pasado está haciendo mella en las empresas pero también está llegando a la Comisión Europea: tal y como están las cifras en este momento, España no cumplirá con el 20% de energías renovables que tiene que asumir. No es un secreto que el déficit de tarifa y las cuestionadas primas a los parques de energías renovables han provocado una fuerte marcha atrás de la política de incentivo a las fuentes de energía no tradicionales.
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"El método de análisis desarrollado para la Comisión, basado en modelos económicos, indica que las actuales medidas estratégicas vigentes en España no podrían, por sí solas, alcanzar el objetivo marcado para 2020 (un 20 % de energías renovables)", tal y como ha respondido a una pregunta por escrito el comisario de Energía, Günter Oettinger, al parlamentario europeo de Convergència i Unió Ramón Tremosa, añadiendo que "cuando un Estado miembro se desvía de la trayectoria que obligatoriamente debe seguir hacia el objetivo de 2020, la Comisión puede tomar oficialmente medidas para solventar esta deficiencia". Concretamente, la cuota de renovables que tiene España estuvo en un 14,3% en 2012, conforme a los datos de la oficina estadística Eurostat.
Por ello, según Oettinger, "la Comisión sigue de cerca la reforma del sector eléctrico en España mediante un diálogo con las autoridades españolas y analiza su incidencia en la cogeneración y el despliegue de las fuentes de energías renovables".
En este sentido, las asociaciones de energías renovables de ámbito estatal quieren resaltar que la propuesta de Orden de parámetros retributivos y el Real Decreto sobre renovables, de inminente aprobación, "culmina la estrategia contra el sector de las energías renovables iniciada por el Gobierno nada más llegar al poder". Efectivamente, su primer Real Decreto-ley, de hecho una moratoria renovable, y toda la batería legislativa puesta en marcha por el Ministerio de Industria en los dos últimos años ha ido mermando al sector renovable. Para estas empresas, el Gobierno se ha ceñido desde el principio a una política meramente recaudatoria en el sector de la energía, que afecta más profundamente a las energías renovables.
El sector de las renovables pone el origen de una política energética que identifican como sistemáticamente contraria a sus expectativas en que el Gobierno identificó a las primas a las energías renovables como principales causantes del déficit de tarifa y, tras ello, toda su política ha estado encaminada a recortar sus ingresos "mientras mantiene intactos muchos de los privilegios de las eléctricas tradicionales".
Las Asociaciones de renovables han solicitado al Gobierno de nuevo que saque de los costes del sistema partidas que no intervienen en la generación eléctrica, como son los costes extrapeninsulares, los pagos por interrumpibilidad, innecesarios en un sistema con exceso de capacidad como el español, y que, por la misma razón, suprima los pagos por capacidad a las eléctricas. Asimismo, requieren al Ejecutivo que, ante la falta de competencia, saque del mercado eléctrico a las mencionadas tecnologías y sean retribuidas con la misma rentabilidad "razonable" aplicada a las tecnologías renovables.
Por otro lado, y en una rueda de prensa conjunta con motivo de la celebración de EWEA 2014, el mayor congreso eólico europeo que se celebra en Barcelona, Thomas Becker, consejero delegado de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), mostró su preocupación por la retroactividad de la Reforma Energética impulsada por el Ejecutivo, y por el hecho de que pueda extenderse a otros mercados, así como ahuyentar a los inversores de España. "El Gobierno español está dando el peor ejemplo posible a otros países", afirmó. Añadió que "es difícil entender cómo España puede poner en peligro a su industria eólica, que es líder mundial".
De hecho, las asociaciones del mundo de las renovables en España (ANPIER, APPA, PROTEMOSOLAR y UNEF) manifestaron hace unos días que la propuesta de Orden de parámetros retributivos es "un documento confuso de más de 1.500 páginas, añade, si cabe, más incertidumbre a un sector con una regulación caótica y que es un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Ministerio de Industria en un sector especialmente castigado por la regulación de este Gobierno".
Si no cambia la Orden de como está proyectada, las asociaciones de renovables la recurrirán ante la Comisión Europea y las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales.
La Comisión Europea ha fijado en un 27% el objetivo de las renovables obligatorio para la UE en su conjunto pero no para los estados miembros
Para la Comisión Europea, el objetivo vinculante a escala de la UE de al menos un 27 % de energías renovables en 2030 acarrea ventajas considerables en términos de la balanza comercial energética, la dependencia de fuentes de energía autóctonas, el empleo y el crecimiento.
Además, se necesita un objetivo en materia de energías renovables a nivel europeo para promover la continuidad de las inversiones en el sector. Sin embargo, dicho objetivo no se traducirá en objetivos nacionales por medio de la legislación de la UE, sino que se dejará a los Estados miembros flexibilidad para transformar su sistema energético de un modo que se adapte a las circunstancias y preferencias nacionales. Los objetivos de la UE en materia de recursos renovables se alcanzarán mediante el nuevo sistema de gobernanza basado en planes energéticos nacionales.
Desde el sector empresarial de las renovables, sin embargo, la decisión de la Comisión Europea es vista sin embargo como un fracaso y "una cesión a la presión de los lobbies energéticos y de algunos países europeos". Al ser sólo vinculante en general para la UE, no trasladándolo y distribuyéndolo a los Estados miembros, se elimina a nivel nacional un gran incentivo para las inversiones y la innovación como es la predictibilidad. Las renovables representaron ya en 2012 en la UE el 14,4% del mix y un objetivo del 27% no incentiva suficientemente la ineludible y oportuna para la UE y sobre todo para España, generalización de las renovables como única fuente energética sostenible.