La Juez Decano de Cádiz ha afirmado que "actualmente los juzgados españoles cuentan con unas oficinas judiciales arcaicas y desfasadas, lo que contribuye a agravar la situación de colapso de los juzgados".
Dentro de las conclusiones expuestas en las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España está la exigencia de la implantación de un sistema informático homogéneo en todo el territorio nacional, dado que, hoy por hoy «se cuentan con tantos sistemas informáticos como comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia de justicia, además del sistema del Ministerio de Justicia en las que no se han asumido dichas competencias».
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Nuria Orellana, juez decano de Cádiz, llamó la atención además acerca de que la nueva oficina judicial, regulada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial no ha sido desarrollada, cosa que coadyuva a la situación que se vive en las sedes judiciales. De aplicarse con efectividad, quedarían delimitadas nítidamente las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes; y se asumirían por parte de los secretarios judiciales las funciones que les corresponden en el proceso, como directores y organizadores del trabajo de la oficina judicial.
Además, pusieron especial ahínco acerca de que la carga de trabajo en los juzgados supera el cien por cien de las capacidades efectivas. Por ello, han pedido la dotación de nuevas sedes, especializadas, sobre todo en lo referente a delitos económicos.
La reorganización de la Oficina judicial resulta una tarea compleja, debido a que concurren un cúmulo de peculiaridades que la singularizan frente a cualquier otro órgano de gestión.
En primer lugar, y según afirma la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica, la evolución de las formas de trabajo desempeñado en las oficinas judiciales exige nuevas estructuras con un mayor y mejor diseño organizativo, imprescindible no sólo por la progresiva incorporación de nuevas tecnologías a este ámbito sino fundamentalmente para obtener una atención de calidad a los ciudadanos. En segundo lugar, las oficinas judiciales no pueden ser ajenas a la realidad del Estado autonómico, especialmente cuando se ha producido un intenso proceso de transferencias en este ámbito que obliga a una detallada delimitación de los ámbitos competenciales de las Administraciones implicadas en la dotación de medios personales y materiales al servicio del Poder Judicial, extremo que ha provocado, en la práctica, incomunicación entre sedes.
Finalmente, la confluencia en la Oficina judicial de varios ámbitos de decisión que recaen sobre una única realidad ha demostrado ser fuente de conflictos sin que las normas que ahora se sustituyen establecieran mecanismos oportunos de colaboración, coordinación y de garantía que aseguraran la autonomía funcional y orgánica de unos y otros.
La Oficina judicial comprende tanto las unidades procesales de apoyo directo como los servicios comunes procesales. Las primeras deberían asumir la tramitación procesal y llevanza de todos los asuntos cuyo conocimiento tengan que hacerlo jueces y tribunales, asistiéndolos mediante la realización de las actuaciones precisas para el eficaz cumplimiento de la función jurisdiccional. Los servicios comunes procesales, objeto de especial regulación en la Ley Orgánica, adolecen, en casos, de un vacío legal.
Lo que dice el Ministerio de Economía y Hacienda
Según el volumen de presentación del Ministerio de Economía y Hacienda de los Presupuestos Generales del Estado, para afrontar el importante incremento de la litigiosidad y conseguir un mapa judicial más racional, adaptado a las nuevas realidades socio-demográficas, en el ejercicio 2009 se crearán 150 nuevas plazas de jueces y 75 nuevas plazas de fiscales, que se unen a las 1.090 plazas de jueces y fiscales creadas en el período 2005-2008. Con el fin de consolidar nuevas plazas, se dotan recursos adicionales en 2009 por un importe de 28 millones de euros.
En este contexto y de acuerdo con la evolución de las cargas de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, se continúa adaptando la Planta Judicial a las necesidades realmente existentes mediante la creación de nuevos órganos judiciales especializados en esta materia. En los ejercicios presupuestarios 2005-2008 se han creado 92 nuevos Juzgados exclusivos de Violencia sobre la mujer. No se dice nada acerca de otro tipo de sedes especializadas tal y como requeriría, efectivamente, el fenómeno de la delincuencia económica sobre todo a gran escala; dónde determinar las responsabilidades resulta a veces un jeroglífico, tal y como aseguran fuentes judiciales.
Está previsto en el documento de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio, tal y como afirmó el ministro a propósito de la "rebelión" de los secretarios judiciales, un Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y sentencias pendientes de firmeza en el orden jurisdiccional penal, que representará, según la Memoria relativa a Justicia, una herramienta de gran utilidad tanto para el juez de instrucción como para el órgano de enjuiciamiento, al facilitar información sobre la existencia de órdenes de busca y captura o de detención y puesta a disposición en vigor. Además, este Registro permitirá obtener de forma específica información sobre procedimientos penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en los casos en los que la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación.
Se impulsará un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías en la Justicia para facilitar los trámites y notificaciones, el acceso de los ciudadanos a la información y, sobre todo, la interconexión entre los distintos órganos judiciales, Ministerio Fiscal, Servicio Jurídico del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e Instituciones Penitenciarias. Esta necesidad se hace patente en todos los órdenes jurisdiccionales, pero de una manera mucho más acusada en el penal, sobre todo a la hora de abordar una eficaz persecución de los delitos y conseguir una mejor y más rápida ejecución de las sentencias dictadas. Para este Plan se destinan créditos en el ejercicio 2009 por un importe de 31,16 millones de euros.
Respecto a los inmuebles que alojan la Administración de Justicia, el Plan de Infraestructuras de la Administración de Justicia llevará a cabo durante el ejercicio 2009 actuaciones de obra nueva en 29 edificios judiciales y la rehabilitación de 15 sedes. También se acometerán las remodelaciones necesarias en los edificios judiciales como consecuencia de la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el nuevo modelo organizativo. Igualmente se llevarán a cabo actuaciones para remodelación de los edificios judiciales y mejorar la accesibilidad en los edificios eliminando aquellas barreras arquitectónicas que pudieran subsistir. Para todo ello se aprueba un montante total de 56,40 millones de euros.