España es el único de los Estados miembros de la Unión Europea que aún no exige una formación suficiente de acceso a la profesión de Abogado. Para Carlos Carnicer, Presidente del CGAE "nadie puede sentirse perjudicado por la Ley de Acceso"
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Real Decreto, el Reglamento de la Ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, de 30 de octubre de 2006. La norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.
![Un grifo del que cae una gota de agua. Un grifo del que cae una gota de agua.](https://www.legaltoday.com/wp-content/uploads/actualidad-juridica/grifo.jpg)
Para alcanzar mayor calidad en nuestra Abogacía y Procuradoría, la Ley establece un sistema de formación basada en tres pilares:
- un curso formativo específico,
- desarrollo de un periodo de prácticas,
- una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.
En la elaboración del Reglamento, además de los ministerios proponentes (Justicia y Educación), han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho, de la abogacía y la procura institucional, y se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.
Mediante el nuevo sistema de formación, los futuros abogados y procuradores españoles se situarán al mismo nivel de capacitación profesional de sus homólogos europeos, con quienes podrán competir en situación de igualdad en el contexto de un mercado de libre prestación de servicios.
Postura del Consejo General de la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía se felicita por la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que entrará en vigor en octubre de 2011 y felicita y agradece de manera expresa la labor desarrollada para su aprobación por los ministros de Justicia y Educación y sus respectivos equipos. Gracias a esta Ley, que ha sufrido una vacatio legis de cinco años, una de las mayores de la democracia, y que es una de las principales y más antiguas reivindicaciones de la Abogacía, se formará mejor a los abogados, lo que a la postre "repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia", según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.
"Es una reivindicación de casi 100 años de la Abogacía española y una cuestión de Justicia", asegura el presidente de los abogados. De hecho, "la formación antes del acceso a la profesión es una aspiración desde el Congreso de San Sebastián de 1917".
Por otro lado, como señala Carnicer, España es el único de los Estados miembros de la Unión Europea que aún no exige una formación suficiente de acceso a la profesión de Abogado, dotada de un equilibrio entre formación teórica y práctica, "lo que nos convertía en una excepción dentro de un marco sustancialmente homogéneo de los servicios legales europeos". La normativa reguladora del acceso, a través del sistema que diseña, supone la equiparación de España al resto de Europa, casi treinta años después del ingreso en las Comunidades europeas, desde la perspectiva del acceso y la formación necesarias para ser abogado y competir en condiciones de igualdad con los restantes abogados europeos.
Para el presidente del CGAE "nadie puede sentirse perjudicado por la Ley de Acceso". Muy al contrario, señala, tanto los estudiantes como los ciudadanos saldrán ganando con esta nueva legislación. Los ciudadanos, porque "tendrán mayores garantías de que el abogado que elijan o que le designen, posee conocimientos teóricos y prácticos suficientes para defender con garantías sus derechos y libertades. Y la calidad de la Justicia también mejorará, ya que la mejor formación de todos los juristas y especialmente de los abogados y abogadas repercute directamente en la Administración Pública de la Justicia", recuerda el presidente del CGAE.
En cuanto a los estudiantes, que han mostrado su inquietud y preocupación por la entrada en vigor de esta Ley, los que superen el curso de acceso además de la incorporación a la Abogacía, obtendrán un master válido en toda Europa, pero sobre todo evitarán situaciones de desigualdad del pasado, cuando unos pocos conseguían realizar la pasantía en un despacho o accedían a una formación carísima de postgrado, mientras otros muchos eran discriminados por razones económicas en la necesaria y adecuada formación profesional práctica.